El eterno colapso…

En Piedras Negras, las lluvias no son una sorpresa: son un fenómeno previsible y recurrente. Sin embargo, cada vez que cae un chubasco, la ciudad colapsa. Esto no es producto de la fatalidad ni del azar climático; es resultado directo de años de negligencia, improvisación y falta de visión institucional. Lo más preocupante es que, administración tras administración, el problema persiste sin soluciones estructurales a la vista.

Todas —sin excepción— las administraciones municipales, pasadas y presentes, han demostrado incapacidad e ineficiencia para atender esta problemática. Se ha optado por “parchar” en lugar de planear, por reaccionar en crisis en lugar de prevenir con estrategia. Lo que debiera ser una prioridad de infraestructura y seguridad pública, se ha convertido en un tema que simplemente se deja estallar cada temporada de lluvias.

Es importante recordar que en alguna administración pasada se contrató a la Universidad Autónoma de Nuevo León para elaborar un diagnóstico técnico y proponer un proyecto integral de manejo de los arroyos. ¿Dónde quedó ese estudio? ¿Qué se hizo con los recursos públicos invertidos? Si no se aplicó, fue un desperdicio; si se aplicó y no funcionó, fue una mala implementación. En ambos escenarios, hay responsabilidad institucional que nadie ha explicado.

Las imágenes que circulan en redes sociales no mienten: los cauces están sucios, obstruidos, abandonados. Esto no es sólo un reflejo de la cultura ciudadana —que también debe revisarse—, sino de un municipio sin controles, sin seguimiento y sin mantenimiento básico. La falta de limpieza en los arroyos evidencia que hay funcionarios que no están cumpliendo con su trabajo más elemental.

Pero el problema va más allá de la falta de desazolve. Lo verdaderamente alarmante es que Piedras Negras no cuenta con un proyecto hidráulico serio, profesional y de largo plazo. Lo que tenemos es una administración del agua y del riesgo basada en la improvisación, en simulacros de solución cada vez que el desastre ocurre. Y lo peor: la ciudadanía ya se acostumbró a vivir en ese ciclo de caos e indiferencia.

El contraste con Eagle Pass, justo al otro lado del río, es revelador. Con una lluvia de magnitud similar, allá se evitaron los estragos por una razón sencilla: se respeta la infraestructura existente, no se permite la invasión de cauces, se limpian los canales y el presupuesto destinado a drenaje se ejerce con transparencia y efectividad. No es magia: es planeación, cultura cívica y voluntad política.

En Piedras Negras, sucede exactamente lo contrario. Aquí se permite el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de zonas de riesgo, la acumulación de basura en arroyos y el desvío —o la opacidad— del gasto público destinado a infraestructura hidráulica. El resultado es predecible: cada lluvia es una catástrofe anunciada.

Es momento de exigir un proyecto multianual, con bases técnicas reales, con presupuesto etiquetado y seguimiento ciudadano. Ya no es aceptable que, ante cada tormenta, se repita el mismo discurso vacío, la misma foto de supervisión y el mismo colapso urbano.

La gestión del agua no puede seguir en manos de la indiferencia. Piedras Negras no merece seguir hundida, literalmente, en el mismo error año tras año.

Javier Zacarías 

Nepotismo hoy… y siempre!

El nepotismo, entendido como la asignación de cargos y privilegios a familiares o personas cercanas sin considerar su mérito o capacidad, sigue siendo una práctica profundamente arraigada en el sector público de Coahuila. En particular, municipios como Piedras Negras han sido escenario —ayer y hoy— de este fenómeno que erosiona la institucionalidad y la confianza ciudadana.

Pese a la existencia de normas legales que lo prohíben, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el nepotismo sigue infiltrado en las estructuras gubernamentales. La contradicción entre la norma y la práctica es evidente: por un lado, se habla de profesionalización del servicio público; por otro, se mantiene una lógica patrimonialista, donde el poder se concibe como un botín familiar o de grupo.

El daño que esta práctica genera no es menor ni superficial. En primer lugar, compromete la eficiencia institucional. Cuando los cargos públicos se asignan con base en relaciones personales y no en el mérito profesional, los resultados son previsibles: baja capacidad técnica, decisiones mal fundamentadas y servicios públicos deficientes. La consecuencia directa es que quienes pagan los costos son los ciudadanos.

Además, el nepotismo alimenta redes de corrupción y tráfico de influencias. No se trata solamente de una cuestión ética, sino de una distorsión estructural del aparato gubernamental: los lazos familiares protegen, encubren y perpetúan malas prácticas, haciendo más difícil la fiscalización y el control interno.

Desde una perspectiva social, esta práctica también profundiza la desigualdad de oportunidades. Cientos de ciudadanos con preparación y vocación de servicio ven cerradas las puertas de la administración pública simplemente por no tener los apellidos correctos o las conexiones adecuadas. Así, el gobierno deja de ser un espacio de inclusión y ascenso social para convertirse en un club cerrado.

Por último, el impacto más grave y duradero del nepotismo es la erosión de la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que el acceso al poder y a los recursos públicos depende del parentesco y no del talento, la desconfianza se normaliza, y con ella el desencanto democrático.

Aunque existen normas claras que sancionan el nepotismo, su aplicación ha sido selectiva y, en muchos casos, simbólica. Diversos funcionarios han sido señalados por favorecer a sus familiares con cargos públicos o influir en su contratación, sin que esto implique consecuencias reales. La falta de voluntad política y la complicidad institucional son factores clave que explican la continuidad de esta práctica.

Los mecanismos de control y denuncia, como la Secretaría de la Función Pública, siguen siendo débiles, burocráticos o poco accesibles para la ciudadanía. A ello se suma una cultura política donde la denuncia suele traducirse en represalias, lo que inhibe la participación activa en el combate a estos abusos.

Erradicar el nepotismo requiere más que discursos: exige acciones firmes, sostenidas y verificables.

El nepotismo es una forma sofisticada de corrupción que daña las instituciones desde dentro. En Coahuila, y particularmente en Piedras Negras, se ha convertido en un obstáculo persistente para la construcción de un gobierno profesional, transparente y equitativo. Las leyes están, pero no bastan: hace falta voluntad, vigilancia ciudadana y un compromiso real con la transformación del servicio público.

Si Piedras Negras aspira a consolidarse como un municipio modelo, debe comenzar por predicar con el ejemplo. Lo que ayer se criticó con vehemencia a otras administraciones, hoy debe traducirse en acciones concretas de integridad, transparencia y profesionalismo. El combate al nepotismo no es solo una exigencia legal: es una obligación moral con la ciudadanía.

Lic. Javier Zacarías 

Vengase Bañao…!!

Crisis de gobernabilidad en el Cabildo de Piedras Negras

Para que una administración municipal funcione con eficacia, es indispensable que en el Cabildo prevalezca la armonía institucional. Sin embargo, en Piedras Negras ocurre todo lo contrario: el órgano colegiado parece más un cuadrilátero que un espacio de deliberación política. Las diferentes fracciones, lejos de construir consensos, se enfrentan de forma constante y abierta contra el alcalde y sus propuestas, con un nivel de confrontación que incluye insultos y descalificaciones.

Con la transmisión pública de las sesiones a través de redes sociales, la ciudadanía ha podido constatar directamente el deterioro del nivel de debate. Lejos de discusiones técnicas o estratégicas, las reuniones del Cabildo se han convertido en espectáculos que rivalizan con una telenovela, donde el drama y el conflicto priman sobre el diálogo y la negociación. Lo más alarmante es que incluso dentro de las mismas fuerzas políticas hay choques internos, lo que agrava la fragmentación del cuerpo colegiado.

Resulta inaudito que la máxima tribuna del gobierno municipal se haya degradado a tal nivel. Lo que se observa son comportamientos infantiles por parte de quienes deberían ser ejemplo de civilidad y profesionalismo. Gritos, acusaciones personales, y expresiones propias del lenguaje de los narcocorridos, como el infame “véngase bañao”, han sido pronunciadas en plena sesión por figuras como el presidente municipal Carlos Jacobo Rodríguez y el primer regidor Ricardo Múzquiz. La escena, digna de un combate de box, solo genera vergüenza y desprestigia a la institución.

Este tipo de enfrentamientos no solo compromete la imagen del gobierno local, sino que también pone en entredicho su capacidad para resolver los problemas de la ciudad. Es urgente que los actores políticos retomen el camino del diálogo y la responsabilidad. No es aceptable que una ciudad como Piedras Negras, que presume de ser una de las más seguras del país, tenga un gobierno municipal caracterizado por la violencia verbal y la inmadurez emocional.

Lo que se necesita es madurez política, sentido institucional y control emocional. La ciudadanía merece funcionarios que estén a la altura del cargo, no adolescentes atrapados en un recreo permanente. La actual división en el Cabildo no solo dificulta la toma de decisiones, sino que ha sembrado desconfianza y generado un clima de incertidumbre sumamente nocivo para la gobernabilidad.

Si no hay un cambio de actitud inmediato, el costo político y social lo terminarán pagando los ciudadanos.

Lic. Javier Zacarías

La prensa del pueblo…

En 2020, los bomberos de Piedras Negras se levantaron contra el entonces Presidente Municipal. Fue un conflicto que la oposición de aquel momento no dudó en explotar para golpear al gobierno y ganar terreno político. Hoy, esa misma oposición ya en el poder enfrenta su propia crisis: el sindicato de trabajadores de obra pública le ha declarado la guerra, exponiendo su inconformidad ante el despido injustificado de trabajadores y el inicio de las gestiones para la eliminación de su sindicato lo cual es benéfico para el actual y futuros gobiernos dado que las pretensiones del sindicato han sido escandalosas y difícil de cumplir.

Pero hay un tercer actor que no ha cambiado de bando ni de estrategia: un grupo de periodistas inconformes que, bajo la bandera del periodismo crítico, no han hecho más que avivar el fuego en ambos regímenes. Lejos de buscar soluciones o informar con responsabilidad, han convertido los conflictos laborales en munición política, usando los micrófonos y columnas como armas para desestabilizar, no para construir.

Tanto el gobierno anterior como el actual han optado por no cumplir con sus exigencias —económicas o de favores— para obtener cobertura favorable. En respuesta, estos periodistas han encontrado en cada protesta una oportunidad para amplificar el caos y moldear la narrativa a su conveniencia.

Mientras tanto, el verdadero problema sigue sin atenderse: la falta de acuerdos sólidos y responsables que garanticen condiciones dignas para los trabajadores municipales y un servicio público eficiente para la ciudadanía. Esa incapacidad para negociar con visión a largo plazo ha dejado a la población atrapada entre un gobierno incapaz y una prensa que no informa, sino que manipula.

En vez de ejercer un periodismo que sirva al bien común, estos comunicadores se han dedicado a llevar agua a su molino, vendiendo conflicto como si fuera noticia, y usando la crítica no como herramienta de cambio, sino como chantaje disfrazado de libertad de expresión.

Veremos en qué termina todo esto que lejos de ayudar, perjudica a la ciudadanía.

Javier Zacarías 

Inútil Ley Seca

La ley seca durante las elecciones, incluyendo aquellas en las que se eligen jueces, es una medida que prohíbe la venta y, a veces, el consumo público de bebidas alcohólicas en un periodo previo y durante el día de la votación. Aunque se aplica con la intención de preservar el orden y garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica y seria, esta política merece una crítica por varias razones:

Crítica a la ley seca durante elecciones para jueces

1. Medida anacrónica y paternalista:

La ley seca parte de la idea de que los ciudadanos no son capaces de comportarse racionalmente si tienen acceso al alcohol, lo cual refleja una desconfianza en la madurez cívica de la población. Esta visión es excesivamente paternalista y responde más a una lógica del siglo pasado que a una sociedad democrática moderna.

2. No hay evidencia sólida de su efectividad:

No existen estudios concluyentes que demuestren que la ley seca reduce significativamente la violencia o los delitos electorales. En muchos países que no aplican esta medida, las elecciones transcurren sin mayores incidentes. Por tanto, la restricción parece más simbólica que efectiva.

3. Afecta libertades individuales y derechos económicos:

Limitar la venta de alcohol por motivos electorales restringe innecesariamente libertades individuales, especialmente si se trata de elecciones menores, como las judiciales. Además, genera pérdidas económicas para el sector restaurantero y de servicios, que muchas veces depende de las ventas del fin de semana.

4. Incoherencia con la naturaleza de la elección judicial:

Elegir jueces en las urnas ya es un proceso polémico, pues puede politizar la impartición de justicia. Imponer una ley seca en ese contexto refuerza la confusión sobre la importancia real del evento. Se le da un tratamiento de “gran jornada cívica”, cuando en realidad mucha gente ni siquiera entiende el rol de los jueces a elegir.

5. Aplicación desigual y fácil de eludir:

En muchos lugares, la ley seca se aplica de manera parcial o arbitraria. Mientras algunos comercios cierran, otros siguen vendiendo alcohol de forma discreta o con permisos especiales, lo que genera desigualdad y abre la puerta a la corrupción.

Conclusión

La ley seca durante las elecciones para jueces no solo es una medida ineficaz, sino también desproporcionada. En lugar de prohibiciones generalizadas, sería más útil fomentar la educación cívica y la participación informada, además de garantizar la seguridad con medios más racionales. La confianza en el votante debe ser un pilar de la democracia, no una excepción.