El nepotismo, entendido como la asignación de cargos y privilegios a familiares o personas cercanas sin considerar su mérito o capacidad, sigue siendo una práctica profundamente arraigada en el sector público de Coahuila. En particular, municipios como Piedras Negras han sido escenario —ayer y hoy— de este fenómeno que erosiona la institucionalidad y la confianza ciudadana.
Pese a la existencia de normas legales que lo prohíben, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el nepotismo sigue infiltrado en las estructuras gubernamentales. La contradicción entre la norma y la práctica es evidente: por un lado, se habla de profesionalización del servicio público; por otro, se mantiene una lógica patrimonialista, donde el poder se concibe como un botín familiar o de grupo.
El daño que esta práctica genera no es menor ni superficial. En primer lugar, compromete la eficiencia institucional. Cuando los cargos públicos se asignan con base en relaciones personales y no en el mérito profesional, los resultados son previsibles: baja capacidad técnica, decisiones mal fundamentadas y servicios públicos deficientes. La consecuencia directa es que quienes pagan los costos son los ciudadanos.
Además, el nepotismo alimenta redes de corrupción y tráfico de influencias. No se trata solamente de una cuestión ética, sino de una distorsión estructural del aparato gubernamental: los lazos familiares protegen, encubren y perpetúan malas prácticas, haciendo más difícil la fiscalización y el control interno.
Desde una perspectiva social, esta práctica también profundiza la desigualdad de oportunidades. Cientos de ciudadanos con preparación y vocación de servicio ven cerradas las puertas de la administración pública simplemente por no tener los apellidos correctos o las conexiones adecuadas. Así, el gobierno deja de ser un espacio de inclusión y ascenso social para convertirse en un club cerrado.
Por último, el impacto más grave y duradero del nepotismo es la erosión de la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que el acceso al poder y a los recursos públicos depende del parentesco y no del talento, la desconfianza se normaliza, y con ella el desencanto democrático.
Aunque existen normas claras que sancionan el nepotismo, su aplicación ha sido selectiva y, en muchos casos, simbólica. Diversos funcionarios han sido señalados por favorecer a sus familiares con cargos públicos o influir en su contratación, sin que esto implique consecuencias reales. La falta de voluntad política y la complicidad institucional son factores clave que explican la continuidad de esta práctica.
Los mecanismos de control y denuncia, como la Secretaría de la Función Pública, siguen siendo débiles, burocráticos o poco accesibles para la ciudadanía. A ello se suma una cultura política donde la denuncia suele traducirse en represalias, lo que inhibe la participación activa en el combate a estos abusos.
Erradicar el nepotismo requiere más que discursos: exige acciones firmes, sostenidas y verificables.
El nepotismo es una forma sofisticada de corrupción que daña las instituciones desde dentro. En Coahuila, y particularmente en Piedras Negras, se ha convertido en un obstáculo persistente para la construcción de un gobierno profesional, transparente y equitativo. Las leyes están, pero no bastan: hace falta voluntad, vigilancia ciudadana y un compromiso real con la transformación del servicio público.
Si Piedras Negras aspira a consolidarse como un municipio modelo, debe comenzar por predicar con el ejemplo. Lo que ayer se criticó con vehemencia a otras administraciones, hoy debe traducirse en acciones concretas de integridad, transparencia y profesionalismo. El combate al nepotismo no es solo una exigencia legal: es una obligación moral con la ciudadanía.
Lic. Javier Zacarías
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